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Economia Internacional

Por NICK TIMIRAOS

jueves, 30 de junio de 2016 10:56 EDT

El presidente Barack Obama promulgó el jueves la ley alivio de la deuda para Puerto Rico, un día antes del anunciado incumplimiento por parte de la isla de pagos por US$2.000 millones.

 

La legislación, sin embargo, no evitará el default, pero frenará temporalmente las demandas de acreedores que podrían haber dado lugar a órdenes judiciales para el territorio pague, incluso si tuviera que recortar servicios públicos. Una junta de supervisión federal estará a cargo de implementar una reforma financiera que probablemente la reestructuración de la deuda de US$70.000 millones.

 

El gobierno de Puerto Rico anticipó que no será capaz de afrontar al una parte de los vencimientos del viernes.

 

La legislación, aprobada en una votación de 68 a favor contra 30 en contra, crea un proceso para administrar lo que probablemente sea la mayor reestructuración de deuda municipal en la historia de EE.UU. La Cámara de Representantes había aprobado la medida a principios de mes.

 

El gobierno de Puerto Rico comenzó a suspender los pagos sobre US$70.000 millones en deuda y advirtió que no podría realizar pagos por US$2.000 millones que se vencen el viernes. El proyecto de ley no autoriza o previene una cesación de pagos, pero le daría a la isla un aplazamiento contra los litigios presentados por los acreedores.

 

La legislación obtuvo mayorías en ambos partidos en la Cámara y el Senado, y la Casa Blanca la respaldó completamente. Este poco común compromiso entre los dos partidos es aún más impresionante dado el complejo tema que aborda. En cambio, el Congreso se estancó esta semana en las discusiones sobre cómo aprobar la financiación de la lucha contra el virus del zika.

 

Los fondos de cobertura estadounidenses que poseen los bonos prioritarios de la isla demandaron a principios de mes para bloquear una ley de local de moratoria de deuda, argumentando que sus bonos son “los primeros que deben pagarse en época de escasez, incluso antes de lo que el gobierno considere ‘servicios esenciales’”.

 

Funcionarios del Tesoro dijeron que la demanda sugería la probabilidad de que los inversionistas buscaran una prohibición legal en caso de cesación de pagos que forzaría a Puerto Rico a recortar servicios públicos para pagar sus deudas prioritarias.

 

“Si alguien tenía dudas sobre lo que sucedería el 1 de julio, la demanda… despeja todas las dudas”, dijo Antonio Weiss, un consejero del Departamento del Tesoro.

 

Los republicanos argumentaban que el proyecto es necesario para prevenir un rescate para la isla, con fondos de los contribuyentes, en el futuro cercano.

 

Algunos inversionistas en bonos y grupos políticos externos gastaron miles de millones de dólares en un esfuerzo de lobby para hundir el proyecto de ley, el cual los podría forzar mayores pérdidas en sus inversiones. Algunos bonistas dicen que el gobierno de la isla, con la bendición del Departamento del Tesoro, ha empeorado los problemas de Puerto Rico al amenazar con la cesación de pagos. Ellos aseguran que el estado libre asociado ha exagerado sus problemas financieros.

 

El proyecto de ley autoriza la creación de una junta de supervisión de siete miembros, nombrada por Obama con aportes del Congreso, para supervisar las finanzas del territorio y aprobar cualquier reestructuración de deuda supervisada por una corte.

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